Hace algunas semanas, durante el Torneo Metropolitano, disputado en La Tahona Golf Club y el Club de Golf del Uruguay, volvió a producirse un episodio que debería preocupar al golf uruguayo.
No porque sea el primero.
Precisamente, porque no lo es.
Una vez más, las cámaras -ese particular “VAR” que muchas veces termina siendo el único testigo capaz de registrar lo que sucede en una cancha de golf- dejaron en evidencia una situación irregular durante una competencia.
Y nuevamente aparece la misma pregunta, ¿qué sucede después?
Porque en un deporte que tiene entre sus principales características el respeto por las reglas y la honestidad del jugador, cuando una infracción queda registrada en video, la discusión no debería terminar solamente en lo que ocurrió dentro de la cancha.
También debería comenzar otra, ¿qué hicieron las instituciones responsables cuando tomaron conocimiento?
Las imágenes que llegaron a conocimiento de este medio permiten observar una situación que, por su gravedad, difícilmente pueda ser considerada un episodio menor y que, por lo tanto, merecía una actuación institucional clara.
Pero hay algo más.
El “VAR” no apareció solo.
Hubo una denuncia, alguien decidió relatar lo ocurrido y las cámaras permitieron comprobar la presunta infracción.
De no haber sido así, probablemente la situación habría quedado dentro de la cancha y el episodio habría pasado, una vez más, inadvertido.
Además, según la información conocida por este medio, se trata de un jugador que ya había quedado involucrado anteriormente en una situación similar.
Un antecedente que, según pudo saber este medio, dentro de una institución se habría intentado minimizar o manejar de otra manera, sin que el informe correspondiente llegara a la Asociación Uruguaya de Golf.
Si una situación de esta naturaleza ocurrió y no fue comunicada al órgano rector, la pregunta es inevitable: ¿quién decide cuándo una trampa es suficientemente grave como para ser informada a la autoridad que regula el golf uruguayo y cuándo simplemente se deja pasar?
Las reglas no pueden depender de quién comete la infracción, del club al que pertenece, de sus relaciones o de las consecuencias que pueda generar una denuncia.
Las reglas son las reglas.
Y deberían aplicarse de la misma manera para todos.
En Uruguay, como ocurre también en otros países cercanos y no tan cercanos, existen distintas formas de incumplirlas: anotar menos golpes, mejorar la posición de la pelota con el pie o la mano, marcarla incorrectamente sobre el green, jugar desde un lugar que no corresponde, utilizar más palos de los permitidos o cometer deliberadamente otras infracciones.
Algunas pueden parecer menores.
No lo son.
Cuando un jugador obtiene una ventaja incumpliendo deliberadamente las reglas, está alterando la competencia.
Hace algunos años, un caso denunciado y luego confirmado mediante cámaras terminó con una sanción histórica de 15 años de suspensión del handicap nacional uruguayo y 30 años sin poder representar a Uruguay en competencias internacionales.
Aquella resolución marcó un precedente y dejó un mensaje claro, hacer trampa tenía consecuencias.
Después, ese tipo de firmeza prácticamente desapareció.
En otras situaciones posteriores, una denuncia sobre la anotación de un hoyo fue comprobada mediante el “VAR”.
Incluso los propios protagonistas reconocieron haber anotado incorrectamente ese hoyo después de haber ganado el torneo y obtenido pasajes a Europa.
Sin embargo, la respuesta fue simplemente la descalificación por “mala anotación”, sin consecuencias similares a las de aquel antecedente.
Y aquí aparece nuevamente el problema, hubo una denuncia, hubo una comprobación mediante las imágenes y existió un reconocimiento de lo ocurrido. Sin embargo, ni la institución organizadora ni la Asociación Uruguaya de Golf tomaron otras medidas.
El conocido “siga, siga”.
Y cuando una infracción reconocida no genera una respuesta institucional, ni del propio órgano rector, el mensaje que recibe el resto del golf es peligroso, quizás romper las reglas no sea tan grave.
Lo ocurrido recientemente en el Torneo Metropolitano vuelve a poner el problema sobre la mesa.
También llegaron a conocimiento de este medio imágenes y videos de la premiación posterior, donde se observa a una mujer increpando a las autoridades luego de la descalificación por una clara infracción que se observa en el “VAR” de una de las cámaras de la institución.
Durante el episodio, la mujer manifestó que su familia se sentía perseguida por su condición de integrantes de la colectividad judía y llegó a calificar de “antisemitas” a quienes estaban presentes.
La situación fue subiendo de tono ante la indignación de varias de las personas que se encontraban allí, hasta que uno de los presidentes debió intervenir para intentar calmar los ánimos y encaminar la situación.
El episodio, más allá de la discusión generada, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo.
El golf no puede tener un árbitro detrás de cada jugador ni cámaras en los 18 hoyos de cada cancha.
Justamente por eso existe la responsabilidad individual de conocer las reglas y cumplirlas incluso cuando nadie está mirando.
Pero cuando una situación llega a conocimiento de quienes tienen responsabilidades institucionales, ya no alcanza con mirar hacia otro lado.
El “VAR” puede registrar una infracción, puede mostrar lo ocurrido y puede dejar una evidencia.
Después tiene que existir una institución dispuesta a mirar esas imágenes, investigar, escuchar a las partes y si corresponde, sancionar.
Porque las cámaras pueden mostrar lo que ocurrió, pero no pueden reemplazar la responsabilidad de quienes deben actuar.
El problema del golf uruguayo no es solamente que algunos jugadores puedan incumplir las reglas.
El verdadero problema comienza cuando, después de que una denuncia pone las pruebas sobre la mesa, quienes tienen la responsabilidad de actuar prefieren no hacerlo.
Nota de interes
