La Asociación Uruguaya de Golf (AUG), liderada por su presidente Federico Armas, junto con Alejandro Rivero (Tesorero), Víctor García Paullier (Secretario Honorario), y los vocales Marcelo Esmoris y Agustín Leindekar, han aplicado a un golfista una de las sanciones más importantes, sino la más, en la historia del golf uruguayo.
Pero, ¿de qué sirve una sanción ejemplar si la propia AUG se empeña en esconderla bajo un manto de silencio?
En una reunión realizada el pasado martes, a la que asistieron estos cinco miembros titulares, y con la consulta informal del resto del directorio (María José Moreira y Leonardo Saucedo), se resolvió imponer una sanción severa por un caso de trampa que ha conmocionado al deporte.
Sin embargo, la AUG decidió no hacer pública la sanción, dejando a todos los golfistas en la oscuridad.
Gracias a fuentes confiables, este medio pudo conocer que la sanción implicaría 15 años sin hándicap nacional y 30 años de exclusión de representar a la AUG.
¿Por qué motivo están ocultando esta decisión sancionatoria que debería ser pública?
El repudio hacia los tramposos es obvio, pero también exigir a una directiva incapaz de enfrentar el problema de manera abierta y transparente.
Si no lo hacen, el golf uruguayo seguirá hundiéndose en la desconfianza y el descrédito.
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